Una noticia aparecía en un medio de comunicación ayer: «El Estado no financia la cura de la hepatitis C a quienes se infectaron en hospitales públicos». Javier Padilla, que no se arruga ante ningún tema, razona en el blog Médico crítico, mediante esta entrada ¿Seleccionamos las prestaciones sanitarias según la forma en la que se ha enfermado?, los planteamientos tácitos de justicia que aparecen en el texto periodístico.

Argumenta Padilla que no son válidas las excepciones de racionamiento de cualquier prestación sanitaria en virtud de si el paciente es o no responsable de su patología. El artículo periodístico plantea de manera tácita que los carísimos nuevos tratamientos para la hepatitis C deberían ser financiados por la sanidad pública, al menos o prioritariamente, para las personas que adquirieron la enfermedad en hospitales públicos ya que se infectaron involuntariamente y «por culpa» del sistema público. Este es el argumento de Juan Fernández Moreno, presidente de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis C, que defiende este sistema de priorización y que, en suma, significaría discriminar a los pacientes que sí fueron culpables de su contagio, como los adictos a drogas por vía parenteral.

Javier Padilla desarma el argumento de la (total) voluntariedad de las conductas mediante la teoría de los determinantes sociales y así, ataca, en su base, el procedimiento de priorización que defiende el artículo, o, al menos, el Sr. Fernández Moreno. Por tanto, si nadie es (totalmente) responsable de sus enfermedades, no es posible establecer criterios de distribución de prestaciones considerando el criterio de voluntariedad de las conductas y, por consiguiente, no es posible defender que pasen primero los pacientes que se contagiaron involuntariamente en los hospitales públicos.

En esto hay que ser categóricos.

La ideología del mérito para establecer distinciones sociales, sin condiciones básicas de equidad, es decir, sin una sociedad que garantice cierta igualdad de oportunidades -algo de lo que estamos cada vez más lejos- es puro neoliberalismo.

Es la vuelta a la edad de las cavernas en política sanitaria.

Hasta el liberal Rawls debe estar removiéndose en su tumba.

No podemos estar más de acuerdo, pues, con el argumento de Javier Padilla. Pero queremos ir más allá.

Parece muy lamentable que este tipo de debates, así planteados, se comiencen a dar. Es como la lucha por la supervivencia en el estado salvaje de naturaleza previo al contrato social de Hobbes: «Homo homini lupus«. Hombres contra hombres. Enfermos peleándose entre sí para poder acceder a un medicamento que puede, potencialmente, salvarles la vida y librarles de una muerte que ciertamente es penosa.

Si esto lo hace un medio de comunicación teóricamente progresista como eldiario, preparémonos para la campaña que está por venir en los medios de comunicación de derechas y para escuchar a los vociferantes tertulianos de intereconomía señalando con el dedo a «los drogatas» que se merecen su destino comparándolos con los tristes casos de contagio que el artículo describe.

Estos lamentables enfoques tienen, sobre todo, «la virtud» de esconder, ocultar y evitar el verdadero debate. Son cortinas de humo. Nos planteamos si es justo discriminar a pacientes de acuerdo con sus comportamiento individuales pero nadie parece poner en tela de juicio el derecho de la empresa a poner el precio que le dé la gana. Es el mundo al revés. Nos cuesta poco ser injustos armados de prejuicios con las personas pero cuidado con plantearse que el precio del medicamento es escandalosa y absolutamente arbitrario y, por tanto, una impresentable coacción de una empresa privada a todo el conjunto de la sociedad: «Tengo un medicamento entre las manos y estoy dispuesto a utilizarlo»

La pregunta básica es ¿De quién son los medicamentos? y no ¿Quién tiene derecho a los medicamentos?

Y cuidado porque mientras los ricos países occidentales pueden llegar a buscarse la vida, nadie defenderá a los países pobres y puede pasar algo semejante al genocidio consentido que ocurrió durante la década de los 90 cuando por motivos económicos relacionados con un flagrante abuso de derecho de patentes, murieron millones de africanos y africanas de SIDA cuando existían tratamientos efectivos.

Existen mecanismos legales, incluso sin cambiar las reglas del juego, como las licencias obligatorias, para forzar a las empresas a comercializar sus productos a unos precios socialmente responsables.

Este es el verdadero debate político, no quién se merece más los tratamientos.

Hay debate clínico y económico (de costo-efectividad) pendientes y habrá que estar alerta porque los criterios clínicos y económicos esconden en muchas ocasiones prejuicios sociales.

También hay necesidad de mejorar, como siempre, los procesos de toma de decisiones para que sean transparentes y se garantice la equidad.

Pero lo primero es lo primero

¿De quién son los medicamentos?