El periodista norteamericano Llewllyn Hinkes-Jones, experto en los derechos de propiedad intelectual, pública un certero análisis sobre la privatización de la investigación académica que no solo obstaculiza el proceso científico, sino que es un motor directo de corrupción. El último número de la revista «Viento del Sur» ha traducido el artículo al castellano. Publicamos un breve extracto:
El enfoque de “mercado libre” de la investigación académica, con fines lucrativos, favorece la proliferación del fraude científico y obliga a los consumidores a pagar por descubrimientos que ya han financiado como contribuyentes.
Un ejemplo, los genes «supresores tumorales», BRCA1 y BRCA2, cuya mutación pudiera incrementar el riesgo de padecer cáncer, son propiedad de la empresa Myriad Genetics y tienen un coste prohibitivo: 4.000 dólares por prueba, cuatro veces más caro que una secuenciación genética completa. Aunque el Tribunal Supremo de EE UU acaba de denegar la pretensión de Myriad de patentar los genes BRCA1 y BRCA2, declarando que los genes humanos no son patentables, Myriad sigue ejerciendo el monopolio sobre las pruebas de susceptibilidad del cáncer de mama.
Myriad Genetics no es otra cosa que una empresa creada por científicos de la universidad de Utah, que investigaron con dinero público y que finalmente crearon una empresa privada y se apropiaron de la patente. Esto es posible al amparo de la ley Bayh-Dole de 1980, que con la excusa de impulsar la innovación, permite la explotación comercial de la investigación de las universidades. Con anterioridad, los descubrimientos científicos realizados por las universidades públicas solo se podían ceder al sector privado mediante licencias no exclusivas. Pero, ahora las empresas privadas colaboran financieramente con los centros académicos a cambio de «transferencia tecnológica» en forma de licencias exclusivas, de una investigación que esta básicamente financiada con dinero público… De esta forma, las universidades instalan laboratorios de investigación avanzados con vistas a obtener nuevos derechos de propiedad intelectual: la «fiebre del oro» en busca de patentes.
Los derechos de propiedad intelectual (patentes) de la actividad científica no sólo incrementan los precios que han de pagar los consumidores, sino que también orientan la actividad científica hacia el lucro. Recordemos que Jonas Sal, cuando descubrió la vacuna de la poliomielitis, se preguntaba si era aceptable «patentar el sol» para hacer negocios.
La ley Bayh-Dole ha contribuido a privatizar el sistema con un efecto corruptor. Al escasear los fondos públicos, las universidades han pasado a depender cada vez más de los donativos y subvenciones privadas y en ningún otro sector los conflictos de intereses son tan evidentes como en el farmacéutico y el biotecnológico. La empresa Pfizer, pagaba 1.000 dólares por cada artículo o conferencia que ensalzase el Neurontin…
El afán de lucro se ha extendido también sobre la propia docencia: En los últimos treinta años, el coste de las tutorías se ha multiplicado por seis y hay cada vez menos ofertas de posgrado… Incluso sobre la propia estructura académica, que ha adoptado un modelo “piramidal”, con posdoctorados y adjuntos mal pagados y un número cada vez menor de puestos de investigación fijos y bien pagados, ocupados por científicos famosos…