glaxo
Se acaba de publicar la noticia de que China multa a Glaxo con 379 millones por sobornos en hospitales. La noticia tiene un interés adicional, concretamente las penas de cárcel de dos a tres años que han impuesto al director de la multinacional y a cuatro altos cargos, pues la multa es pequeña frente a lo que «gana» Glaxo (GSK) a través de la corrupción legal e ilegal, porque las farmacéuticas corrompen a políticos, médicos, asociaciones de médicos, asociaciones de pacientes y prensa dentro de la legalidad. «Legalidad» que BigFarma ha inducido en los Estados Unidos a través de sus continuas donaciones a demócratas y republicanos. De los polvos en los Estados Unidos, los lodos en la Unión Europea.
En los Estados Unidos no es todo malo, pues el judicial, que no puede evitar la corrupción legal, sí que (a través de denunciantes heroicos) ha logrado imponer algunas multas mil millonarias en algunos casos en los que la codicia les lleva querer ganar aún más que mediante la corrupción actualmente legalizada.
Peter Gotzsche ha hecho un resumen de las más importantes multas que se han impuesto a GSK, Pfizer, Novartis, Sanofi-Aventis, AstraZeneca, Roche, Janssen-Cilag, Merk MSD, Lilly y Abbot por algunos de los fraudes que han logrado probarse judicialmente, aunque, a diferencia de China, en los Estados Unidos y la Unión Europea no hay cárcel, de modo que la multa puede ser contabilizada como gasto en el balance de resultados final[1].
Así, por ejemplo en 2011, GSK aceptó pagar 3.000 millones de dólares, el mayor acuerdo por fraude con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, declarándose culpable por haber promocionado ilegalmente diversos fármacos para usos no aprobados. Tales fármacos eran bupropion (antidepresivo), fluticasona y salmeterol (para el asma), rosiglitazona (diabetes) y lamotrigina (antiepiléotico).
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya había acusado un año antes a un exvicepresidente y principal abogado de Glaxo por hacer declaraciones falsas y obstruir las investigacionesw federales durante el caso de márketing ilegal del bupropion como adelgazante. La acusación culpaba al vicepresidente de mentir a la FDA, de negar las conversaciones con médicos en sus actos de promocionar el bupropion para usos no aprobados, y de ocultar documentos incriminatorios.
La empresa, además de sobornar a los médicos, ocultó en sus informes a la FDA los datos que conocía sobre los efectos adversos cardiovasculares de rosiglitazona, al tiempo que financiaba actos que sugerían que rosiglitazona TENÍA EFECTOS CARDIOVASCULARES POSITIVOS.
El acuerdo también cubría las acusaciones de fraude al sistema Medicaid debido a la manipulación de los precios de los fármacos.

[1] Peter Gotzsche. Medicamentos que matan y crimen organizado. Pau Gros Calsina (trad.). Barcelona, Ed Los Libros del Lince. 2014. p. 63.