Mientras arrecia el escándalo de los «papeles de Panamá» y las sociedades «Off Shore», con el lamentable protagonismo del recientemente dimitido Ministro de Industria,  el 14 de abril, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva directiva sobre los secretos comerciales, con el voto a favor de conservadores, socialdemócratas y liberales. El resultado fue de 503 votos a favor y sólo 131 en contra.

Inicialmente, la división entre partidos en el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), con el telón de fondo de la presión social y mediática, abrió la puerta a un posible aplazamiento de la votación, pero a última hora, tras una reunión de grupo, el eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui aseguró al diario Público que han decidido mantener la votación por «coherencia», porque en líneas generales están de acuerdo con el texto, que no consideran una amenaza para los whistleblowers o los periodistas que publiquen irregularidades o delitos de las empresas.

En consecuencia, en el Pleno de Estrasburgo se ha dado luz verde a una directiva por la que los secretos comerciales se sitúan por encima del interés público.

El Parlamento Europeo convierte la salud en un secreto comercial

y abre el camino para las negociaciones en la sombrea del TTIP

Con esta normativa los derechos de propiedad quedarán sobreprotegidos en la UE afectando a cuestiones como la información de la seguridad de los medicamentos, que serán comercialmente confidenciales para los pacientes, los reguladores y el público.

El texto es de considerable vaguedad a la hora de delimitar el concepto de “secreto comercial”, lo que genera una carencia de garantías legales para la transparencia y el derecho a la información, y, en sentido contrario, una mayor posibilidad de abusos empresariales y de manipulación de los ensayos clínicos o de la autorización e inyección de recursos públicos en medicamentos como los «me too». La vaga definición de secreto comercial es de hecho uno de los mayores problemas de esta directiva, ya que abre la vía a un número incalculable de cambios legales, que podrían silenciar por completo a las voces críticas.

Para Nina Renshaw, Secretaria General de la Alianza Europea de Salud Pública: » El voto de hoy está claramente diseñado para socavar el Reglamento de Ensayos Clínicos , dejando su tinta casi seca, porque era un progreso enorme para la seguridad del paciente y el acceso a los medicamentos, pero que siempre han tenido la oposición de la industria farmacéutica que prefiere llevar a cabo ensayos en secreto. También parece ser el objetivo de allanar el camino para la industria farmacéutica en las negociaciones entre la UE y EE.UU. en el TTIP, y bajaría los requisitos de transparencia en la UE para estar más cerca de acuerdo con reglas mucho más débiles en los EE.UU.»

La decisión del Europarlamento facilita que los ‘whistleblowers’ (filtradores de secretos por su relevancia e interés público) y los periodistas queden en el punto de mira de las corporaciones.

En contraste, la directiva es exhaustiva en la defensa de las empresas ante las posibles filtraciones, con la clara finalidad de amordazar a periodistas y delatores, socavar la libertad de expresión e  impedir que información de vital importancia pueda llegar a los medios de comunicación y al público.