Nuevos datos del grave daño de la corrupción que genera la industria con la ciencia biomédica, la seguridad de los pacientes y la credibilidad de la profesión.

El BMJ publica evidencias de cómo miles de médicos reciben sobornos, camuflado en forma de pagos de I+D+i, por participar en inútiles estudios post-comercialización.

Los médicos colaboradores, que cobran una media de 17.400 euros (mediana de 2000) por estudio, aceptan compromisos de confidencialidad que impiden la declaración libre de las reacciones adversas encontradas en estudios cuya función es, precisamente, detectar dichas reacciones adversas 

Las farmacéuticas han pagado por esta vía más de 217 millones de euros en 3 años a cerca de 125.000 médicos alemanes

Según los autores, este modelo es extrapolable a otros países de la UE y mencionan explícitamente Italia, Francia, Austria y España

Los responsables políticos y altos funcionarios de las agencias nacionales son cómplices al evitar el escrutinio público de estos pagos, aceptar informes incompletos y diseños incapaces de cumplir con su función  

Terribles los datos que nos proporciona este reciente artículo del BMJ sobre la efectividad de los estudios post comercialización en Alemania, país donde se exige el registro de sus resultados y se han podido estudiar de manera pormenorizada.

Las autoridades alemanas se negaron desde el principio al acceso de los investigadores a los datos; fueron los jueces quienes reconocieran su derecho a una información que consideraron era de interés público. 

Los estudios post-comercialización son una actividad fundamental en el ciclo de vida de un medicamento y, por ley, deben ser realizados por las empresas farmacéuticas. Las agencias reguladoras dependen de estos estudios financiados por la industria para la vigilancia de la seguridad de los medicamentos. En concreto, estos estudios son básicos para detectar reacciones adversas «raras» (1 en 1000) o «muy raras» (1 en 10.000) que no se descubren en los ensayos clínicos habituales, teóricamente, más pequeños y diseñados para evaluar la efectividad de los fármacos pero no su seguridad. 

Pues bien, la industria se gastó en tres años (del 2008 al 2010) más de 217 millones de euros en remunerar a cerca de 125.000 médicos que participaron en 558 estudios post-comercialización en Alemania.

Los investigadores del BMJ han demostrado que

(1) la gran mayoría de los estudios tenían diseños incapaces de detectar reacciones adversas: principalmente series de casos, a menudo etiquetados con términos ambiguos, como estudios de cohortes de un solo brazo o estudios prospectivos;

(2) y un número insuficiente de pacientes: más de la mitad tenían menos de 1000 pacientes, cuando sabemos que la probabilidad de descubrir una reacción adversa rara, con una incidencia de 1 en 10 000, requiere un tamaño de muestra de, al menos, 30.000 pacientes

(3) las empresas obligaron a firmar a los médicos acuerdos de confidencialidad que impidieron que los profesionales participantes puedieran informar libremente de cualquier reacción adversa a las autoridades.

(4) los médicos colaboradores recibieron pagos muy elevados: mediana de 2.000 euros, media de 19.424 euros; rango entre 0 y 2.080.000 euros

Los autores del artículo del BMJ no han detectado ninguna notificación de reacción adversa proveniente de alguno de los 558 estudios post-comercialización, tras más de 1 millón de pacientes estudiados durante los tres años analizados.

Solo se han publicado 5 estudios en revistas científicas

¿Por qué se gasta entonces esta descomunal cantidad de dinero la industria?

CINCO RAZONES:

1- Cubre el expediente: los reguladores obligan a realizar estos estudios

2- Incentiva la utilización de los nuevos medicamentos. En el trabajo, los estudios con los fármacos más novedosos se pagan el doble que los más antiguos. Como dijo Marcia Angell, es «marketing enmascarado como investigación»; es decir, los estudios se realizan por razones comerciales, no científicas. Además, los trabajos post-comercialización son más frecuentes con los medicamentos más nuevos, caros y tóxicos (biológicos, oncológicos, neurológicos, hormonales, analgésicos..):

«Estos «ensayos siembra» (seeds trial) acaban imponiendo considerables costos adicionales al sistema de salud sin beneficio medible para los pacientes.»

3- Son sobornos a los médicos ocultos bajo la etiqueta de I+D: ni la autoregulación de la industria ni la legislación sunshine norteamericana admite la declaración individualizada de estos pagos etiquetados como I+D+i que, por tanto, son opacos.

4- Permite a la industria camuflar gastos de promoción y dar una falsa imagen de empresa innovadora. Por ejemplo, Farmaindustria en su última declaración sobre las transferencias de valor con los médicos españoles, señaló que sus empresas asociadas dedicaron en el año 2015, 190 millones de euros a proyectos de I+D; 119 millones de euros en ayudas para que profesionales sanitarios pudieran acudir a actividades científicas y reuniones profesionales, y 66 millones para organizar congresos y cursos. De un total de 375 millones, el 50% habría ido a I+D+i y el resto a promoción. Pues según este artículo, gran parte de esos 190 millones habría que tipificarlos también como gastos de promoción. Es decir, una gran parte de lo que la industria declara como dedicado a investigación sería realmente promoción. Desconocer los pagos realizados a los médicos por estos trabajos impide ponderar adecuadamente la capacidad de influencia de la industria, que sería mucho mayor de lo que hasta ahora se pensaba.  

5- Se evita la posibilidad de detectar eventos adversos de los nuevos (y normalmente, más caros) medicamentos: teniendo en cuenta que la notificación espontánea no detecta más del 10% de todas las reacciones adversas graves a los medicamentos (y menos del 5% de las no graves), mediante la obviamente deliberada baja calidad de los estudios postcomercialización y las cláusulas de confidencialidad, solo se empeora esta subnotificación, creando una falsa apariencia de ciencia, control y compromiso con la seguridad por parte de las empresas. Incluso aunque se encontrara algún evento grave, el médico no puede notificarlo libremente debido a la obligación de secreto que debe firmar (algo que nos parece profundamente inmoral y seguramente ilegal)

«Nuestra investigación señala que … en los estudios post-comercialización, la retención de datos sobre reacciones adversas a los medicamentos u otra información por parte del patrocinador es un problema que hasta ahora no se ha tratado adecuadamente»

Entre los conflictos de interés de los prescriptores y la nula efectividad de los estudios post-comercialización, no es de extrañar que, como señalan los autores, el número de reacciones adversas notificadas haya disminuido (hasta un 58% en algunas áreas del Reino Unido, en las pasadas 2 décadas).

Es la paradoja: alta prescripción/baja notificación, que podría deberse a esta estrategia que ahora se denuncia en el BMJ 

Los autores lo explican:

«Asumiendo que el pago de la industria por la participación en estudios post-comercialización es una de las razones por las que aumenta la prescripción de fármacos, como sugiere la literatura sobre ensayos siembra (seeds trial), la disminución en la notificación de reacciones adversas a los medicamentos también podría ser una consecuencia de éstos… Desde la perspectiva de los pacientes y la salud pública, tales influencias en los médicos son muy perjudiciales, ya que socavan el papel esencial e insustituible que tienen los clínicos en la detección, el diagnóstico y la notificación de reacciones adversas de los medicamentos» 

CONCLUSIONES 

«Nuestras conclusiones no apoyan la aspiración de los reguladores de que los estudios post-comercialización sirven para mejorar la vigilancia a largo plazo de la seguridad de los medicamentos. Por el contrario, se han encontrado evidencias de que la seguridad de los medicamentos podría estar seriamente comprometida por la práctica actual: se espera que los estudios post-comercialización contribuyan a la farmacovigilancia, pero en realidad sus resultados son tratados como secretos comerciales.

Nuestros datos respaldan la opinión de que las altas remuneraciones pagadas por las empresas a los médicos participantes podrían servir a fines comerciales en lugar de a una farmacovigilancia transparente y eficaz. En nuestra opinión, el principal problema con los estudios post-comercialización son las cláusulas de confidencialidad en los contratos entre médicos y patrocinadores. Estos contratos suponen un obstáculo importante para la evaluación científica y la discusión de los estudios.

Es necesario, con el fin de mejorar la seguridad de los medicamentos y la salud pública, que la vigilancia post-comercialización sea más transparente. Los datos de esos estudios no deben considerarse información comercial confidencial, sino que deben ponerse a disposición de la evaluación científica independiente y del escrutinio público.» 

En España los estudios post-comercialización están regulados en el Real Decreto 577/2013 que obliga a las farmacéuticas a tener un archivo maestro que puede ser requerido por la autoridades

Ante el conocimiento de estos datos en Alemania, es necesario que la AEMPS de cuenta del cumplimiento por parte de la industria de sus compromisos con la farmacovigilancia de los medicamentos que comercializa en España, ya que, según los autores del BMJ, en nuestro país estaría ocurriendo lo mismo.

Parece urgente que la AEMPS y Farmaindustria den explicaciones al respecto.

En pocos días, el BMJ ha aportado evidencias sobre la grave capacidad de influencia de la industria para distorsionar tanto la efectividad como la seguridad de los medicamentos.

Es claro que sin la colaboración de los académicos, médicos clínicos y científicos, la industria no podría conseguir unos objetivos comerciales ilegítimos que atentan contra la salud de los pacientes, los fines de la medicina, la credibilidad profesional y los presupuestos públicos dedicados a la atención sanitaria.

Ya es hora de que los órganos profesionales se ocupen de los verdaderos problemas éticos de la profesión.