Hasta el año 2014 la tasa de cobertura de vacunación contra el VPH en Colombia (introducida por el Ministerio de Salud y Protección Social en el esquema nacional desde 2012) había sido todo un éxito en el continente americano, siendo superada únicamente por Canadá. Pero en el verano de aquel año se generó una emergencia sanitaria cuando saltó a los medios de comunicación nacionales la noticia de que centenares de niñas y adolescentes de un municipio rural en la costa Caribe -El Carmen de Bolívar, a 115 km de Cartagena de Indias- sufrían extraños síntomas (desvanecimientos, parestesias, taquicardias, dificultad respiratoria, cefaleas y crisis nerviosas) y estaban colapsando las urgencias del hospital. Las afectadas y sus familiares atribuyeron dichos síntomas a una campaña de vacunación escolar desarrollada en el territorio con Gardasil, la vacuna tetravalente contra el VPH del laboratorio farmacéutico Merck Sharp & Dhome (MSD).
Se generó tal alarma social que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tuvo que pronunciarse públicamente a finales de agosto para afirmar que “probablemente” se estaba “ante una sugestión colectiva”, encargando una investigación sobre terreno al Ministerio de Salud. Así, en enero de 2015 el Instituto Nacional de Salud (INS) presentó los resultados de dicha investigación. Tras un estudio del brote realizado entre 517 afectadas se descartó una asociación orgánica entre los síntomas y la vacuna, pero no se pudo establecer la causa etiológica del problema de salud. Se proponía como hipótesis más probable la existencia de una enfermedad psicogénica masiva (Mass Psychogenic Illness) derivada del miedo a la vacunación y acrecentada por los medios de comunicación y las redes sociales. Además, el estudio señalaba a las características socioculturales y económicas de la comunidad (una población mayoritariamente campesina y de escasos recursos económicos) y al pasado de violencia en el municipio como factores directamente relacionados con el fenómeno.
Esta hipótesis, que validaba lo ya expresado en verano por el presidente Santos, fue rechazada por la comunidad de afectadas, al entenderla como un diagnóstico de histeria colectiva. Entonces solicitaron la presencia de organismos de investigación independientes para estudiar el problema de salud. Además, denunciaron el maltrato y el abandono que estaban sufriendo las jóvenes que acudían a los centros de salud, en donde en ocasiones se las llegó a tildar de “locas” o de mujeres “necesitadas de varón”. El problema de salud persistió y, entre los años 2015 y 2018, hubo múltiples intentos de suicidio (uno de ellos culminado con éxito), que las protagonistas atribuyeron al cambio que habían experimentado en sus condiciones de vida tras recibir la vacuna. Algunas jóvenes que desarrollaron lupus vinculan todavía hoy la aparición de esta enfermedad a la vacunación y, cuando una de ellas falleció, las autoridades se apresuraron a desligar la enfermedad con la vacuna, aunque la madre sigue insistiendo en que antes de ser vacunada “ella era una niña sana”. Innumerables jóvenes estrenaron su tarjeta sanitaria visitando las urgencias del hospital.
Este caso es señalado como el principal causante del descenso drástico de la cobertura de vacunación contra el VPH en Colombia. Ante la persistencia del fenómeno, las autoridades regionales encargaron a la Universidad de Cartagena un nuevo estudio que fue presentado en 2018. En él, seguía sin hallarse una asociación orgánica entre la vacuna y los síntomas pero se constataba que, cuatro años después, más del 90% de las afectadas que participaron en el estudio (287 jóvenes) seguían padeciendo una situación de enfermedad que debía ser atendida con urgencia, y se describía una de sus manifestaciones más características, las denominadas “crisis de las niñas”: una suerte de “desmayo repentino seguido de convulsiones tónico-clónicas con contracciones severas de las extremidades […]”. El estudio sugería estudiar otras hipótesis que no descartasen una reacción desconocida a la vacuna. Extrañamente este estudio, sufragado con dinero público (y objeto de un claro interés público), no fue publicado en ningún repositorio oficial de acceso abierto y no es fácil encontrarlo en Internet. Las afectadas tuvieron que interponer demandas judiciales para poder acceder a él. Finalmente, las autoridades judiciales ordenaron su entrega a las familias, pero bajo reserva de confidencialidad.
El caso de El Carmen generó una controversia en el seno de la comunidad científica colombiana, que se materializó en 2016 con una serie de cartas al director cruzadas entre expertos en salud pública y representantes de las sociedades médicas en la Revista Gerencia y Políticas de Salud. Los protagonistas de esta controversia llevaron la discusión a la Academia Nacional de Medicina. En el mes de marzo este órgano consultor envió una carta al ministro de salud solicitando una moratoria en la aplicación del programa de vacunación. Sin embargo, un cambio de junta directiva de la academia en el mes de abril hizo que el nuevo presidente enviase en mayo (menos de dos meses después) una nueva carta al ministro en la que desautorizaba la misiva anterior y solicitaba a las autoridades de salud que continuasen con el programa de vacunación.
La controversia también llegó al terreno legal. Tras varios procesos judiciales con demandantes de todo el país, la Corte Constitucional colombiana emitió en 2017 una sentencia en la que declaró que, si bien no se podía detener el programa de vacunación puesto que la evidencia científica disponible mostraba un adecuado perfil de seguridad de la vacuna, la vacunación contra el VPH en Colombia no podía ser obligatoria, y solicitaba a las autoridades de salud a hacer uso permanente del consentimiento informado para poder aplicarla. A juicio de las autoridades de salud del momento y del director de la Liga Contra el Cáncer, esta decisión desestimularía la eficacia del plan de vacunación.
El caso de El Carmen siguió siendo objeto de artículos y trabajos académicos en 2019, pero en 2020 la pandemia de Covid-19 (y la búsqueda de vacunas para combatirla) hizo que decayera todo el interés sobre el mismo.
Nuevos estudios sobre el problema de salud
Desde la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de Indias) comenzamos a finales de 2014, y por iniciativa del entonces rector, un reputado investigador genetista, una investigación interdisciplinar independiente para tratar de comprender el fenómeno desde la mirada de las ciencias sociales. En primer lugar, realizamos una revisión narrativa de la literatura científica producida en torno al caso entre 2014 y 2021. En ella constatamos la existencia de dos grandes explicaciones sobre lo que pasó:
(1) Una explicación hegemónica, construida a partir del informe del INS de 2015, que da por hecho lo que, en principio y según dicho informe, era la principal hipótesis: una enfermedad de carácter psicosocial derivada del miedo a la vacunación, asociada a las características de una población muy expuesta a la violencia, y acrecentada por la exposición mediática y la influencia de los movimientos antivacunas en las redes sociales. Esta explicación parece haber sido asumida (ya como un diagnóstico consolidado) por las autoridades de salud nacionales, la OMS, algunas de las principales sociedades médicas colombianas (Liga Colombiana contra el Cáncer, Instituto Nacional de Cancerología, Sociedad Colombiana de Pediatría) y, por supuesto, los laboratorios farmacéuticos. Esta tesis se ha desplegado de forma mayoritaria en artículos científicos, informes de organismos nacionales e internacionales y medios de comunicación masivos.
(2) Una explicación no hegemónica, en la que los trabajos se dividen en tres líneas: (a) aquellos que no descartan que la vacuna hubiera producido algún tipo de efectos adversos desconocidos o no reconocidos; (b) los que proponen que en El Carmen se llevó a cabo un procedimiento de vacunación falto de profesionalismo y con una atención deshumanizada hacia las afectadas; (c) los que consideran que el caso plantea un cuestionamiento sobre cómo se está validando desde la medicina hegemónica la consideración sobre los efectos adversos de esta vacuna, al primar una mirada excesivamente positivista que no tiene en cuenta las vivencias, subjetividades y narrativas de las pacientes.
En esta explicación no hegemónica se enmarca nuestro segundo estudio, realizado a partir de un trabajo de campo etnográfico entre la comunidad realizado entre 2015 y 2021. Ahí constatamos que, pese a lo afirmado desde la narrativa hegemónica, el problema de salud en El Carmen persistía en 2021 (aún hoy persiste) y seguía afectando a la mayoría de las niñas y adolescentes que entrevistamos (hoy mujeres jóvenes). Sostenemos además que, independientemente de la existencia o no de una asociación orgánica con la vacuna, el caso de El Carmen puede ser tomado como un ejemplo paradigmático de violencia sistémica y de género en la aplicación de una política de salud, tanto por cómo se llevó a cabo el procedimiento de vacunación (con un manejo inadecuado de las vacunas, sin ofrecer información previa a la comunidad y, en muchos casos, forzando a las menores a vacunarse en las escuelas en contra de su voluntad) como por la forma de tratar posteriormente a las afectadas por parte de las autoridades de salud.
Ambas explicaciones coinciden en que la aplicación de la vacuna fue la desencadenante del fenómeno. A nuestro juicio, el hecho de que no se haya podido establecer un diagnóstico etiológico sobre este problema de salud, basado en evidencia científica, supone que ni las afectadas ni los investigadores puedan descartar todavía ninguna hipótesis sobre lo que les sucede.
Construyendo una narrativa hegemónica
Es interesante observar cómo la explicación hegemónica que entiende el caso únicamente como un problema de salud socio-mental se impuso y fue asumida por las autoridades de salud del momento, por la propia OMS, y por los representantes de algunas de las principales sociedades médicas del país. Pero, como sostiene una antropóloga médica de la Universidad de Ámsterdam tras su trabajo de campo en El Carmen, con esta explicación se pone el foco del problema en las afectadas y no en la vacuna o en el proceder de las autoridades de salud.
En el año 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia introdujo la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el esquema nacional de vacunación con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Un año después esta decisión se sustentó con la aprobación de la Ley 1626 de 2013 que, según su redacción literal, garantizaba “la vacunación gratuita y obligatoria a la población colombiana objeto de la misma”. Algo excepcional, porque hasta la fecha ninguna vacuna se había introducido por una ley. Además, se lanzó una campaña institucional de promoción.
Posteriormente, ante la emergencia sanitaria en El Carmen, el pronunciamiento del 31 de agosto de 2014 del presidente Santos sobre la sugestión colectiva es reafirmado tres días después por el ministro de salud, Alejandro Gaviria, a través de sus redes sociales. Lo hace a través de un dictamen sobre el caso emitido por un cardiólogo desde un hospital privado de Miami (Jackson Memorial).Esta tesis se ha ido consolidando el campo científico a través de publicaciones científicas firmadas por autores/as que no han estado investigando sobre el terreno este problema de salud junto con las propias mujeres afectadas, y que toman como única fuente el informe del INS de 2015. Algunos de estos textos, que son ampliamente citados, son firmados conjuntamente por representantes de estas sociedades médicas colombianas junto con investigadoras que han sido señaladas de tener conflicto de intereses reconocidos con el laboratorio productor de la vacuna, MSD (como Nubia Muñoz).
Por ejemplo, en 2018, el director de la Liga Colombiana contra el Cáncer, Carlos Castro, se preguntaba cómo más de 500 niñas de El Carmen eran capaces de culpar a la vacuna de sus síntomas (cuando era lo único que tenían en común), lamentaba un pronunciamiento apresurado por parte del presidente del gobierno, censuraba que se pusiese en cuestión el proceso de vacunación, o criticaba que la Academia Nacional de Medicina hubiera puesto la alarma sobre el programa de vacunación.
Mientras, en un artículo publicado en 2019 en la influyente revista Human Vaccines and Immunotherapeutics, se valida la hipótesis de la enfermedad psicógenica masiva como si ya fuera un diagnóstico para explicar el caso, y se insiste en que las afectadas hacen parte de “una población rural con carencias sociales, gravemente afectada por la violencia intrafamiliar y la violencia guerrillera/paramilitar”. Dos de las autoras de este artículo (una de ellas Nubia Muñoz) firmarán otro texto en 2020 junto con representantes de la Liga Colombiana Contra el Cáncer y el Instituto Nacional de Cancerología, tras un encuentro del denominado HPV Prevention and Control Board realizado en 2018 en Bogotá. Esto es un grupo de expertos (investigadores y representantes de sociedades médicas) patrocinado por la Universidad de Amberes y apoyado económicamente por laboratorios farmacéuticos como GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur y MSD. En este texto las firmantes aseguran que, 4 años después, todo estaba “calmado” en El Carmen (pese a que a continuación afirmaban que todavía se seguía de cerca a ¡65 niñas!), y se deja entender al lector que no ha habido más crisis, que se han organizado reuniones con padres, y que se está atendiendo con una unidad móvil a las niñas de áreas remotas. No nos consta que ninguna de las autoras (y autores) haya visitado el territorio y tratado cara a cara con las afectadas para realizar estas afirmaciones (a las afectadas tampoco les consta). Pero con textos así se va estableciendo un discurso concreto sobre este caso en los escenarios en donde se construye lo que se llama “evidencia científica”, como lo son las publicaciones académicas.
Desde esta narrativa dominante se ha llegado a sugerir que los médicos e investigadores que pusieron en duda el programa de vacunación contra el VPH, o que critican los conflictos de interés entre las autoridades de salud, las sociedades médicas y los laboratorios farmacéuticos, son “médicos antivacunas”.
Esta narrativa dominante también ha contado con importantes aliados en los medios de comunicación masivos, donde algunos de sus protagonistas han gozado de un amplio despliegue mediático en prensa, radio y televisión, además de en las redes sociales oficiales y de las sociedades médicas. Un ejemplo de ello es el periódico El Espectador de Bogotá, uno de los más influyentes del país. En 2021 hacía referencia al caso limitándolo a “15 niñas afectadas”, y culpaba a los medios de comunicación de crear una tormenta perfecta llena de “reportajes sesgados y noticias precipitadas, creando pánico entre todos los papás y mamás”. Nosotros en cambio consideramos que este medio ha sido uno de los principales valedores de la narrativa dominante, privilegiando desde el interior del país las voces poderosas sin contrastarlas adecuadamente con las de la comunidad afectada o de los médicos e investigadores críticos con el programa de vacunación, como sería el deber ser de un trabajo periodístico de rigor ante un problema de salud pública. Este medio también ha ofrecido su espacio a líderes de opinión que han relacionado el caso con el fanatismo religioso. Además, desde este medio se ha acusado de amarillismo e irresponsabilidad al resto de medios que sí ofrecían espacio a las voces discrepantes. Realmente si no hubiera sido por el trabajo de algunos medios de comunicación (sobre todo locales y regionales), probablemente nunca habríamos sabido de lo sucedido.
En conclusión, este “evento de salud de etiología desconocida” -del que muchos profesionales del ámbito de la salud nunca han oído hablar fuera de las fronteras de Colombia-, originado a partir de la aplicación de la vacuna contra el VPH, añade nuevos interrogantes a la discusión sobre cómo se valida la evidencia científica, quién tiene el poder para hacerlo, cómo se deben abordar los conflictos de intereses de los investigadores, y hasta dónde llega el poder de influencia de los laboratorios farmacéuticos en los organismos internacionales, organismos de control, autoridades de salud, sociedades médicas y medios de comunicación. En Colombia y en todo el mundo.
*Sobre el autor: Adolfo Baltar-Moreno es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor asociado y director del Grupo de investigación en Estudios Sociales y Humanísticos-GESH de la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de Indias, Colombia).