Hace unos días nos hacíamos eco de un editorial del Lancet que denunciaba la equiparación que el nuevo DSM-V va a hacer entre depresión y duelo. Para muchos críticos el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) es el caballo de Troya que la industria ha introducido, con el aval profesional y de instituciones como la OMS, en una disciplina cada vez más biologicista y medicamentalizadora. Merece mucho la pena acercarse a la entrada del estupendo blog de nuestros compañeros noagradecidos José Valdecasas y Amaia Vispe, postPsiquiatría, en la que reseñan el libro de Christopher Lane, catedrático de la Universidad de Chicago, «La Timidez: Cómo la psiquiatría y la industria farmacéutica han convertido emociones cotidianas en enfermedades«.
Pues bien, la polémica con el (todavía no publicado) DSM-V continúa esta vez a propósito de un durísimo artículo del PLos Medicine contra las tibias políticas de declaración de conflictos de interés de la APA.
Los autores denuncian que las normas de declaración de los conflictos de interés no evitan que el 69% de los panelistas que han elaborado el DSM-V los tengan (20% más que en el DSM-IV, a pesar que para este manual no se hicieron públicos estos conflictos).
Varios son los problemas que, en opinión de los autores, hacen insuficientes la spolíticas d ela APA:
1- Las políticas no obligan a identificar el tipo de honorario que ha recibido el panelista. Para los autores, Lisa Cosgrove (del Edmond J. Safra Center for Ethics de la Harvard University) y Sheldon Krimsky ( del Department of Urban and Environmental Policy and Planning, and Department of Public Health and Community Medicine de la Tufts University), es necesario especificar si los honorarios recibidos por los panelistas entran en la definición de «speakers bureaus», es decir, experto pagado por la industria para publicitar un producto mediante presentaciones controladas en su contenido por el promotor. Este tipo de relación es más grave y, probablemente, debería ser un criterio de exclusión. El 15% de los miembros del panel de expertos que ha elaborado el DSM-V había sido «speaker bureau» o «advisory board».
2- Las políticas de la APA no obligan a declarar los ingresos como investigador y «There is no evidence to suggest that simply because money comes in the form of a large “unrestricted” research grant it does not create an obligation to reciprocate or invoke an implicit bias»
3- Las políticas de la APA admiten un límite de ingresos procedentes de la industria para los panelistas demasiado alto: 10.000 dólares al año en honorarios y 55.000 dólares en acciones de multinacionales farmacéuticas
4- Las políticas de la APA solo exigen no pasar el límite del punto anterior pero no especificar las cantidades, a diferencia de otras políticas como las de «Physician Payments Sunshine Act of 2007» o las «2011 US National Institutes of Health policy on conflicts of interest».
Concluyen los autores que la industria ha generado en los expertos un “pro-industry habit of thought” y que las exclusiones por conflictos de interés de panelistas en las guías más influyentes deberían ser más exigentes
Parece que la declaración por parte de la APA de un «unbiased, evidence-based DSM, free from any conflicts of interest» es a todas luces un tanto exagerada
Trackbacks/Pingbacks