Cuando hablamos de democracia en ciencia a much@s se «les ponen los pelos como escarpias». Nos dicen: «La ciencia no es una cuestión de votos», «la ciencia se auto-regula», «la ciencia es robusta o frágil pero no democrática»…»la ciencia no es política».
Desde luego los avances científicos no se logran mediante consensos o votaciones aunque lo que consideramos un avance científico sí es decidido y producido en un determinado contexto susceptible de ser influido por circunstancias políticas.
Por ejemplo, la investigación biomédica considera avance científico toda aquel fármaco que haya demostrado una relación causal eficaz en algún aspecto (muchas veces variables intermedias o subrogadas) que no sea debida probablemente al azar.
https://www.bmj.com/content/366/bmj.l5399
Como sabemos, el establecimiento de relaciones de causalidad es mucho más exigente pero ello no está impidiendo que se comercialicen miles de fármacos con beneficios muy marginales o inexistentes en la práctica.
http://www.redalyc.org/pdf/416/41600206.pdf
El mínimo nivel de justificación de la eficacia existente en la actualidad ha sido una decisión política. Puede ser útil la distinción entre “contexto de descubrimiento” y “contexto de justificación”, establecida por primera vez por Hans Reichenbach en su obra Experience and Prediction de 1938:
«el contexto de justificación… se centra en mostrar los parámetros lógicos y epistémicos que las hipótesis deben cumplir para ser consideras científicas»
El «contexto de descubrimiento» por contra tiene que ver con los factores sociales, económicos, psicológicos, culturales que rodean la investigación:
«se trata de exhibir los procesos psicológicos y sociales que tienen lugar durante el proceso real en que los científicos generan nuevas ideas o hipótesis»
Clásicamente se ha considerado que el contexto de justificación estaba libre de influencias sociales o políticas y que éstas solo debían considerarse en el contexto de descubrimiento. La epistemología de los últimos 60 años y los estudios de sociología de la ciencia han demostrado que esto no es así y que aspectos no estrictamente científicos afectan a ambos contextos.
Por ejemplo, nuestro sistema de I+D+i ha aceptado que la financiación de la investigación sea casi completamente privada en las etapas clínicas (ensayos clínicos) y que las mismas empresas que han desarrollado el fármaco sean las responsables de demostrar que un medicamento puede ser útil para un enfermo o persona en riesgo. Esta es una decisión política que afecta al contexto de descubrimiento que denominamos sesgo de financiación y que igual que la mínima definición de eficacia aceptada hoy en día, facilita enormemente el desarrollo de nuevos medicamentos.
Si existen múltiples decisiones políticas en el contexto de descubrimiento y en el de justificación es lógico pensar que introduciendo factores moduladores democráticos como transparencia, rendición de cuentas, criterios de interés público, declaración y/o eliminación de conflictos de interés, participación de todas las partes afectadas, etc.. se obtendrían probablemente resultados sustancialmente mejores.
Los agentes implicados en el sistema I+D+i han actuado en los últimos 40 años con muy pocas garantías democráticas escudándose en la pureza epistémica del contexto de jutificación lo que ha propiciado que finalmente todo el proceso haya sido capturado por intereses particulares económicos (industria farmacéutica, tecnológica, nutrición..) y profesionales sin ninguna resistencia cívica. Esto parece que está comenzando a cambiar.
https://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/democratic_public_ownership_in_uk_pharmaceutical_sector_sept_2019.pdf
Se acaba de publicar un importante informe elaborado por tres organizaciones civiles The Democracy Collaborative, Global Justice Now y Just Treatment fruto de una presentación hecha al partido Laborista británico.
El informe, tras destacar la importancia económica y social que el sector farmacéutico y la investigación biomédica de iniciativa privada tiene para el Reino Unido, así como las fundamentales ayudas públicas que reciben, señala sus grandes deficiencias o incongruencias:
«Los productos de nuestro modelo de innovación biomédico son esenciales para lograr el derecho a la salud. Pero el modelo centrado en la industria ha demostrado grandes deficiencias que incluyen la falta de acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos avanzados, la fijación de precios exorbitantes e insostenibles para el Servicio Nacional de Salud (NHS) y la falta de innovación con medicamentos que aborden prioridades clave de salud pública».
Y continuan:
«En general, tenemos un sistema público de salud que se basa en medicamentos privatizados (desarrollados con la colaboración pública) dirigidos a las áreas con mayores retornos económicos y no a aquellas donde existe más necesidad. Luego se les pone a estos fármacos un precio exorbitante protegido por unas patentes que impiden la fijación de precios asequibles. La industria en lugar de reinvertir las ganancias en investigación y desarrollo, incrementa su inversión en marketing y recompras de acciones (share buybacks)»
Este sistema insostenible debe su desarrollo en gran medida a la ausencia de controles democráticos en los contextos de justificación y desarrollo que han dejado el terreno completamente libre a las fuerzas del mercado y las presiones políticas de los grupos de poder:
«Mayor control democrático y público sobre la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de medicamentos ayudaría al gobierno a cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la salud para todos»
Como se especifica en el informe «hay margen para un mayor control público y democrático en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos». Por ejemplo no se entiende que sea la financiación pública la que sostenga económicamente las fases iniciales (y más arriesgadas) de la investigación y que no se contemple este esfuerzo en la posterior fijación de precios de los medicamentos cuando son comercializados.
Tampoco se entiende que la financiación pública se restrinja a la investigación básica cuando es en las etapas de investigación clínica en las que gracias al control de la inversión privada se aceptan los bajos estándares de calidad y se introducen los sesgos de financiación o publicación que tanto daño hacen a la calidad de conocimiento biomédico
También hay margen para el control democrático y público de la producción de medicamentos. Países como Brasil, Tailandia, Cuba y China han invertido en la producción pública de medicamentos para garantizar un suministro constante que hoy en día, viendo los cada vez más frecuentes episodios de desabastecimiento de medicamentos esenciales, no está siendo garantizado por el mercado.
El documento establece tres áreas donde la introducción de deliberación democrática y control público podría producir cambios sustanciales y propone cuatro iniciativas concretas:
(1) En el establecimiento de las prioridades de investigación:
«Las áreas que no son potenciales `mercados de crecimiento’ son ignoradas en gran medida. Por ejemplo, entre 2000 y 2011, sólo 37 de 850 (4%) de los nuevos los productos aprobados fueron para enfermedades olvidadas que afectan a los países de ingresos medios y bajos. La investigación en prevención y vacunas a menudo se descuida a favor del desarrollo de tratamientos crónicos de alta incidencia y que se utilizarán de por vida (como la diabetes), ya que estas últimas ofrecen mejores perspectivas para la venta de medicamentos. Lo mismo se aplica a los antibióticos, donde la falta de incentivos de mercado ha conducido a una crisis de innovación a pesar de que estamos ante una
inminente crisis de salud pública mundial debida a las resistencias»
El informe propone estrategias de deliberación amplias que cuenten con todas las partes interesadas, incluyendo profesionales de la salud y pacientes así como «palancas gubernamentales» que fomenten alcanzar las prioridades establecidas.
(2) Colaboración y transparencia.
«El modelo de innovación se caracteriza por la propiedad privada del conocimiento donde la restricción debida al actual régimen que gobierna la propiedad intelectual restringe el flujo de información y «encierra» los conocimientos técnicos que la próxima generación de invenciones necesitará. Esto no sólo genera despilfarro y duplicación, sino que también tiene implicaciones en el desarrollo de soluciones innovadoras y con mayor capacidad de generar crecimiento económico.
Se trataría de co-construir un conocimiento de lo común (‘knowledge commons’):
«La promoción de un conocimiento de lo común garantizaría que la información se compartiera y fluyera a través de todo el sistema para crear resultados socialmente equitativos. La apropiación pública democrática de los productos farmacéuticos podría (y debería) garantizar la creación de un fondo común de conocimientos así como la transparencia total en torno a costos de I+D y los datos de los ensayos clínicos.»
El informe aboga por un nuevo internacionalismo en la innovación biomédica a través del fomento de la colaboración entre los diferentes países y el desarrollo de un programa global de I+D y solicita la colaboración internacional y un compromiso con un enfoque multilateral.
(3) Asequibilidad y acceso:
«Hay poco valor público en tener medicamentos que son tan caros que sólo un número limitado de personas pueden acceder a ellos»
El informe propone cuatro iniciativas bien concretas con capacidad de mejorar los resultados del sistema I+D+i:
a. Creación de un organismo público de investigación clínica
«La financiación pública de ensayos clínicos podría elevar los estándares obligando a las compañías farmacéuticas a aceptar criterios científicos más favorables para el interés público»
El informe propone crear «una organización pública para la investigación clínica» que aproveche los recursos del sistema sanitario público y realice ensayos más grandes y complejos.
b. Consorcio público de patentes
«Siguiendo el ejemplo exitoso del Medicines Patent Pool (MPP) que facilita la concesión de patentes de manera eficiente, transparente y equitativa a los fabricantes de medicamentos genéricos»
c. Financiación pública de pequeñas empresas de biotecnología (spin-offs)
Las grandes empresas farmacéuticas son cada vez más ineficaces en la innovación, sin embargo, sus fusiones y las estrategias de adquisición aseguran que reciban beneficios de investigación realizada en gran parte por el sector público.
El informe propone que un «banco de inversión estatal o un fondo alojado en una agencia gubernamental» realizara el rol que en la actualidad ejercen los fondos privados de capital riesgo invirtiendo en pequeñas empresas de nueva creación surgidas de la universidad o de otros fondos públicos de investigación.
Esto podría hacerse con la condición de que los productos desarrollados fueran gestionados a través de un modelo de propiedad cooperativa o democrática que garantizara la prevalencia del interés público en los retornos y el acceso, evitando la compra de esas pequeñas empresas por las multinacionales.
d. Creación de empresas públicas para la fabricación de genéricos
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/jeremy-corbyn-state-drug-company-labour-medicine-cheap-conference-a9118851.html
Algo está cambiando en en la agenda política del Reino Unido. Esperemos que los partidos políticos españoles vayan tomando nota de que no podemos seguir dejando sin control y participación pública el sistema de I+D+i biomédico.
Aquí, en España, lo que tenemos es ese caballo de Troya autodenominado «ciencia en el parlamento» (CP), introducido ya en las mismas entrañas de éste como colofón a una campaña de presión mediática, profesional, corporativa, institucional y política sin precedentes en los últimos 3 años. Todo por «la ciencia»: el pretendido totalitarismo de solo-y-nada-más-que («ciencia») en curso de imposición. De una «ciencia» cocinada de aquella manera, como es sabido.
«Cuando las barbas de tu vecino británico veas quemar…»
Devuélvase por parte del poder legislativo ese «regalito» preñado de «colaboradores» tecno-sanitarios, biomédicos y sus correas de transmisión pseudo-escépticas al servicio de intereses particulares en el mejor de los casos, del puro Negocio en el peor. Quédense sus señorías con aquel robot si, al cabo, se lo donan los que se lo mostraron en la presentación pública de CP para entretenerles, mientras introducían el caballo en el parlamento. Dotado de ciertas funcionalidades, podría tener un pase como entretenimiento para jornadas parlamentarias especialmente duritas. Pero los ciudadanos que les eligieron hemos de esperar (no nos queda otra) que no confundan sus señorías las actividades e intereses de un grupo de presión con las gracietas de un artilugio de ingeniería simpaticón.
Hágase valer el interés público, lo que incluye avanzar en iniciativa y en control de tales intereses y actividades predominantemente (legítimas como puedan ser) comerciales. En ello están nuestros vecinos que, al menos en esto, nos llevan delantera. Pero difícilmente podrá hacerse bien teniendo el poder legislativo pegados a la oreja a ciertos «asesores», sin la saludable, necesaria distancia de este grupo de presión que permita al poder legislativo justamente la inversa:
¡Parlamento EN (y controlando a) la ciencia!
No al revés.